CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL



AC8173-2016

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente


Radicación n° 76001-31-03-006-2000-00779-01

(Aprobado en sesión de veintisiete de julio de 2016)


Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).-


Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casación que la actora, COOOPERATIVA FINANCIERA DE TRABAJADORES DEL OCCIDENTE COLOMBIANO – COOPERADORES EN LIQUIDACIÓN, interpuso frente a la sentencia del 19 de junio de 2015,  proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario adelantado por ella en contra del BANCO DE CRÉDITO Y DESARROLLO SOCIAL – MEGABANCO S.A.


ANTECEDENTES


1.        En el escrito inaugural de la controversia, ajustado tras su inadmisión y alterado por efecto del acogimiento que se hizo de la excepción previa de “compromiso o cláusula compromisoria” únicamente en frente de las pretensiones segunda y quinta, que quedaron excluidas del litigio (auto de segunda instancia del 10 de agosto de 2007, fls. 85 a 103, cd. 7), se solicitó, en síntesis, que se revocaran las daciones en pago contenidas en las escrituras públicas Nos. 2258 del 29 de mayo de 1998; 3693 del 17 de julio de 1998; 3735 del 22 de julio de 1998; 3781, 3782, 3783, 3784, 3785 y 3786 del 27 de julio de 1998; 3849, 3850 y 3851 del 29 de julio de 1998; 3993 del 4 de agosto de 1998 y 3997 del 5 de agosto de 1998; y que, por consiguiente, se ordenara a la enjuiciada la devolución de la totalidad de los bienes inmuebles y cuotas o partes de interés objeto de tales negocios.


De manera subsidiaria, la actora suplicó que en caso de que las mencionadas cuotas o partes de interés hubiesen sido enajenadas por la demandada, esta cancelara la suma de $3.000.000.000 “junto con los dividendos, utilidades, intereses y/o demás derechos que se hayan derivado de las mismas desde el momento en que fueron transferidas (…) hasta cuando se produzca” su efectiva restitución (fls. 147 a 152, cd. 1A).


2.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongestión de Cali, le puso fin al litigio con providencia del 26 de enero de 2015, en la que negó las pretensiones del pliego introductorio, consideró demostrada la excepción denominada “INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 301 NUMERAL 7 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA LA REVOCATORIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS” y declaró probadas las objeciones formuladas frente al dictamen pericial rendido por Ricardo Muriel Rubio (fls. 2061 a 2078, cd. 3).

3.        Inconforme con la anterior determinación, la accionante la apeló. Al desatar la alzada, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en su fallo, que data del 19 de junio de 2015, optó por confirmar el del a quo.


4.        La actora interpuso recurso extraordinario de casación, que luego de que fuera concedido por el ad quem y admitido por esta Corte, aquélla sustentó con el escrito que ahora se examina.


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Esa Corporación, para arribar a la referida decisión ratificatoria, en resumen, estimó:


1.        Las partes en litigio están legitimadas en la causa, por lo que no son de recibo las excepciones meritorias  de “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA, RESPECTO DEL BANCO DE CRÉDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A.”; “INEXISTENCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ALGUNO ENTRE MEGABANCO S.A. Y COOPERADORES, RELACIONADO CON LOS HECHOS QUE FUNDAMENTAN ESTA DEMANDA”; “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN FRENTE AL BANCO DE CRÉDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A., POR SER UN TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE”; “INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL BANCO DE CRÉDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A.”; “COBRO DE LO NO DEBIDO”; “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”; “PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL INTERÉS PARTICULAR” y “DOBLE COBRO”.


2.        Enseguida señaló el Tribunal, que el punto medular de la controversia gira en torno a la demostración de uno de los elementos estructurales de la acción revocatoria, cual es que las daciones en pago cuestionadas hayan tenido por finalidad la extinción de deudas no exigibles a cargo de la intervenida –Cooperadores en Liquidación-.


3.        Para dilucidar lo anterior, dicha autoridad examinó las experticias practicadas en la actuación, respecto de las cuales coligió:


3.1.        El dictamen rendido por Ricardo Muriel Rubio contiene una notoria incorrección, “y es que asumió como ciertas las CONCLUSIONES a las que había llegado el Sr. JAIRO NÚÑEZ ARENAS”, quien como agente judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, rindió informe “dentro de un proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la Nación”, de donde sobreviene que el auxiliar de la justicia designado en este litigio, se abstuvo de estudiar “las razones que podían sustentar o no [las] premisas a las que arribó” el referido investigador.

Es que en el comentado peritaje se indicó, que con las daciones en pago se cancelaron nueve créditos incorporados en sendos títulos valores, pero no se identificaron los razonamientos que le permitieron al CTI deducir “cuáles eran los pagarés” en los que tales obligaciones se introdujeron.


Tampoco en la aludida prueba, se realizaron “análisis de hechos contables”, ni mucho menos se expusieron los motivos por los que “se podía afirmar que las DACIONES EN PAGO DE COOPERADORES, habían servido para abonar o pagar anticipadamente obligaciones de la actual demandante”, sin que ese vacío se colmara al momento de complementarse dicho trabajo, dado que su autor se remitió a las notas de ajuste Nos. 031, 035 y 0125, respecto de las cuales expresó que sus soportes mostraban ‘los diversos asientos que la operación generó al interior de Cooperadores’, como si ellas “fueran elocuentes en explicar el valor de la dación en pago, y el monto que se imputaba a cada obligación”.


Además, tales apoyos de cuenta son insuficientes “ante sí o por sí mismo[s]” para esclarecer “los conceptos antes reseñados”, en la medida que no son aptos para corroborar si dichas operaciones se reflejaron “en los libros que conforman la contabilidad del empresario”, menos aún, si en ellos no se identificaron los bienes que fueron objeto de los aludidos contratos.


En efecto, en lo concerniente con la glosa No. 031, se percibe en su cuerpo la anotación de que con ella “se cancel[ó] [el] saldo de[l] sobregiro CTA 004 030 02587 7 [por] $2.813.821.046.00”, pero dicha información, está por debajo de la firma que la autoriza, lo que de suyo la pone en entredicho; en lo que toca con la nota No. 035, no se estableció si la misma “se había reflejado en los libros de contabilidad y armonizaba con los activos y pasivos que debían observarse después de ser tenida en cuenta”; y en lo atinente a la No. 0125, se advierte que en su interior únicamente reposa un apunte del siguiente tenor: “[c]ontabilizamos negociación con COOPDESARROLLO de predios COOP en dación en pago”.


Así las cosas, ha de “concluirse que debido a [su] falta de fundamentación[,] el dictamen de[l] Dr. Ricardo Muriel, no tiene la eficacia probatoria para dar por demostrados los hechos que con él pretendía [acreditar] el actor”.


3.2.        También reposa en el expediente, el peritaje rendido por Patricia Olaya Zamora dentro del trámite de la objeción por error grave planteada por la parte demandada en contra del anterior, en el que se englobaron “las daciones en pago, confrontándolas con las deudas que se registraban en COOPERADORES con BANCOOP y COOPDESARROLLO”, señalándose en él, que los mencionados negocios se ajustaron por “la suma de $8[.]726.663.000 de acuerdo al valor registrado en las escrituras de los inmuebles entregados (…) y al (…) de las acciones de SERCOFUN. Sin embargo, en los registros contables [se] evidenci[ó] que se aplicaron daciones en pago por un total de $5.975.607.000”, concluyéndose entonces, que a “la finalización del proceso liquidatorio”, existían “saldos por cancelar a BANCOOP por $2.845 millones de pesos y (…) a COOPDESARROLLO por 125 millones de pesos”.


Dicho trabajo, en principio, “no rozó el meollo del asunto, dados los términos generales en que fue concebido”, ya que nada se mencionó acerca de “si las daciones en pago habían sido dirigidas a pagar en forma total o parcial créditos que aún no eran exigibles de COOPERADORES”, sino que se coligió, “sin ninguna base para ello[,] que no existía error grave en la primera experticia”.


No obstante, al ser aclarado y adicionado, sí se precisaron algunos puntos relevantes, pero dichas deducciones se apoyaron en documentos que el perito “motu proprio incorporó a la actuación, como las copias del libro mayor, balance (…), las notas contables No[s]. 0031, 0035 y 0125, y las conciliaciones entre COOPERADORES y el BANCO COOPDESARROLLO”, las cuales para ser añadidas a la actuación, “requerían [de] inspección judicial previo decreto de exhibición”.


“Por lo demás, también resulta lugar común de este dictamen, pensar que el solo acompañamiento de las copias de los libros mayor y balance, y notas de ajuste, ante sí y por sí mismos, son suficientes para explicar los movimientos de contabilidad y su ajuste a la lex artis sobre la materia, siendo que al estudiarlos, dichas conclusiones no emergen en forma espontánea o de la simple lectura de dicha documentación, la cual requiere para ser entendida, de la hábil conducción en su interpretación de un experto en la materia, acompañamiento que para el presente proceso no se encontró”.


En este orden de ideas, esa pericia “tampoco tiene eficacia para demostrar el cumplimiento del segundo requisito estructural en estudio para la procedencia de la acción revocatoria”.


4.        De otra parte, carece de soporte probatorio lo esbozado por la actora, en el sentido de que “no se tuvo en cuenta que entre BANCOOP y COOPERADORES se llevó a cabo un convenio de reestructuración financiera, el cual dejó al día todas las obligaciones contraídas entre estas entidades, y que por lo tanto al verificarse la dación en pago, todos los créditos se encontraban” saldados, toda vez que al plenario sólo se aportó el documento contentivo del negocio jurídico de compra de cartera, sin que repose prueba alguna de la entrega efectiva de ese portafolio de acreencias, lo cual resultaba necesario para corroborar “si las escrituras de DACIÓN EN PAGO, fueron extendidas para amortizar obligaciones” ya cubiertas.


5.        En conclusión, “como la prueba pericial y documental que milita en autos no tiene la virtud de acreditar el segundo presupuesto estructural para la procedencia de la acción revocatoria, esto es, que con los contratos de DACIÓN EN PAGO, se hayan satisfecho obligaciones que aún no eran exigibles (…), se deberá confirmar la decisión objeto de la apelación”.


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Contiene tres cargos, los dos iniciales apoyados en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil; y el otro, en la subsiguiente.


CARGO PRIMERO


Con soporte en el aludido motivo casacional, se acusó la sentencia del ad quem, por ser directamente violatoria “de las normas que rigen los procesos [l]iquidatorios [f]orzosos [a]dministrativos”.


1.        De entrada, el recurrente adujo que el artículo 293 del Decreto 663 de 1993 califica el mencionado trámite liquidatorio como un proceso concursal y universal, por lo que “todos los acreedores de la intervenida participan en igualdad de condiciones de los beneficios y limitaciones (…) previstos en la ley para el pago de sus acreencias”.


Agregó que dicho procedimiento, inicia con el “acto administrativo de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la intervenida, expedido por la Superintendencia Bancaria, cuyos efectos son, entre otros, la disolución de la institución de la cual se tomó posesión; la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de la intervenida; la formación de la masa de bienes; la liquidación de su patrimonio; la separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida”.


Como ello es así, la deudora “queda impedida legalmente para cumplir con el pago de las acreencias a su cargo, pues la satisfacción de éstas solo será posible en la medida en que se agoten los trámites (…) que la ley ordena para el proceso de liquidación forzosa administrativa”, los cuales “no dependen de la voluntad de la intervenida sino del funcionario liquidador designado para el efecto, quien a partir de la toma de posesión asume la calidad de administrador de los bienes de la sociedad”.


Entonces, si al momento de la toma de posesión “existían deudas a cargo de [la] intervenid[a], correspondía al acreedor participar en el proceso liquidatorio, según lo dispone el artículo 846 del Estatuto Tributario (…)[,] aplicable por remisión del artículo 163 del Decreto Distrital 807 de 1993”.


2.        Soportado en lo anterior, el impugnante aseguró que en los fallos de instancia se desconocieron los conceptos atrás descritos y para demostrarlo, reprodujo un aparte del fallo de primer grado en el que se estudió el primer elemento de la acción revocatoria, esto es, “que los activos de la entidad intervenida hayan sido insuficientes para pagar la totalidad de [los] créditos reconocidos”.


En el texto de esa providencia, se consignó:


(…) los estados financieros aportados por el perito designado, RICARDO MURIEL RUBIO (Contador Público), visible al cuaderno 2B (pruebas de la parte demandante, folios 1 a 54), donde se constata que la Cooperativa presentaba a diciembre 31 del año 1997 unos [a]ctivos de $147.698.210.000 frente a un [p]asivo de $110.545.647.000, para entonces una solvencia o capacidad de pago de $1.34 por cada peso, como lo indica el perito; para agosto 4 de 1998, fecha en que se orden[ó] la liquidación, muestra un activo de $41.116.310.000 frente a un pasivo de $44.476.237; sin embargo en la aclaración visible al folio 264 y ss. del cuaderno 2C de pruebas de la parte demandante, indica que el pasivo reconocido por la resolución que dio apertura a la [l]iquidación de Cooperadores ascendió a $38.244MM, valor que no coincide con ninguna de las sumas presentadas como pasivos en los estados financiero[s] inicialmente citados, lo cual crea duda sobre la fiabilidad del dictamen.   


Con base en lo anterior, afirmó el censor que ese “raciocinio es totalmente equivocado”, porque se inaplicó “la normatividad que rige la materia (…), ya que los pasivos en cada fecha referida advierten situaciones diferentes de la Cooperativa. A diciembre 31 de 1997, la entidad de encontraba activa y así admitiera reparos su contabilidad, sus activos y pasivos eran los que se generaron como cierre de ese periodo fiscal. (…) Al mes de agosto 4 de 1998 –fecha de la intervención- tanto el activo como el pasivo hab[í]an sido modificados no solo por la dinámica de sus operaciones sino por las daciones adelantadas con activos como [i]nmuebles[,] la cartera y las cuotas sociales de Sercofun, para cancelar pasivos financieros a Bancoop – Coopdesarrollo y el [B]anco Uconal, meses y días antes de la intervención”.


De esta forma, si los sentenciadores hubiesen empleado las disposiciones legales correctas, “se habrían dado cuenta que fueron precisamente estas operaciones las que deterioraron el [a]ctivo de Cooperadores e invirtieron la prelación legal (…) del proceso liquidatorio, al cancelar las obligaciones que debían ser quirografarias”.


Por lo dicho, “la resolución de reconocimiento de acreencias es igualmente DIFERENTE al de las fechas anteriores, en razón a que al proceso no necesariamente se presentan todos los acreedores y reclaman los valores expresados en la contabilidad, ni el [l]iquidador tendría que reconocer todas las reclamaciones”.


3.        Desde otra perspectiva, señaló el casacionista que también se incumplieron “los principios de contabilidad generalmente aceptados 2649 y 2650 e incluso (…) las normas internación[al]es de información financiera (NIIF)”, pues para que la contabilidad “sea fuente confiable de la información que ha de servir como base para tomar decisiones, esta debe cumplir con ciertos requisitos”.


Seguidamente, reprodujo el artículo 4º del Decreto 2649 de 1993, referido a las cualidades de la información contable, para decir que el “desconocimiento [de] las anteriores normas”, condujo a “conclusiones totalmente equivocadas sobre los presupuestos de la acción revocatoria”.


Con el fin de explicar lo que antecede, el recurrente indicó:


3.1.        Los juzgadores de instancia ignoraron la Resolución No. 1239 del 3 de agosto de 1998, “emanada de DANCOOP[,] entidad [g]ubernamental que analizó en profundidad la situación de ILIQUIDEZ y CESACIÓN DE PAGOS por la que atravesaba COOPERADORES”, y según esa institución “[l]as pérdidas a [j]unio 30 de 1998 alcanzaron los $5.630.624.000 y se presentaban retiros masivos de depósitos (ahorros)”.


3.2.        Los sentenciadores desconocieron la ecuación contable “(ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO)” al colocar “en tela de juicio al [l]iquidador (…) cuando expres[ó] que NO ES CIERTO que hayan quedado sumas pendientes de restituir”; y al “pretender pagar el pasivo que la [l]iquidación no canceló por falta de activos, con tres partidas del [p]atrimonio, olvidando que este rubro es integral desde el punto de vista contable y NO TENIENDO EN CUENTA QUE COOPERADORES PARA ESA FECHA DE CIERRE MOSTRABA UNAS PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ORDEN DE LOS $50.047.346 Y COMO TAL SU PATRIMONIO ERA NEGATIVO EN $16.952.997”.


4.        Para cerrar, el impugnante aseveró que los falladores culminaron el estudio del “primer elemento de la acción revocatoria (ACTIVOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO DE LAS ACREENCIAS RECONOCIDAS) con un raciocinio que nada tiene que ver con el hilo conductor de sus afirmaciones, validando su cumplimiento porque el [l]egislador habla de CAPITAL y no de PATRIMONIO, reiterándose en un profundo desconocimiento de las [n]ormas [p]revalentes que rigen este tipo de procesos concursales”.


CARGO SEGUNDO


Se le reprochó al Tribunal, con apoyo en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, haber infringido indirectamente la ley sustancial, como consecuencia del “error de hecho por FALSO JUICIO DE IDENTIDAD y FALSO JUICIO DE EXISTENCIA”, respecto del “peritaje rendido por el señor RICARDO MURIEL RUBIO, aunado a las demás pruebas documentales que obran dentro del proceso con las que se demuestra una configuración de los elementos de la [a]cción [r]evocatoria”.


Con el fin de acreditar dicho yerro, el recurrente reprodujo un fragmento de la sentencia de segunda instancia, en el que se expuso una de las razones por las que se le restó mérito demostrativo a la mencionada experticia, para luego señalar:


1.        El dictamen reconoció que “sí se habían pagado deudas que aún no eran exigibles”, con apoyo tanto en las glosas de ajuste Nos. 031 y 035, como en el “acervo probatorio [que] se encontraba dentro de la [i]nvestigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación”, al que se anexaron los “PAGARÉS Y NOTAS CONTABLES DE LAS DACIONES [EN] PAGO”.


Aunque el “auxiliar de la [j]usticia fue un poco tímido en esclarecer cu[á]les fueron los pagos a los créditos que aún no eran exigibles”, ello se desprende de los informes 1838 FGN-CTI-SI-CJ y 1838A GN-CTI-SI-CJ, presentados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).


Dichas pruebas fueron omitidas por el ad quem, al igual que las documentales arrimadas con la aclaración y complementación del reseñado trabajo pericial, dado que el Tribunal “no supo traducir[las]”, pues para ello requería “un gran manejo de las normas que rigen los procesos [l]iquidatorios forzosos [a]dministrativos, como es el Estatuto Orgánico Financiero, aunado a todo el conocimiento de contabilidad que se deb[ía] tener para entender la complejidad de los informes”.


2.        A continuación el impugnante expuso pormenorizadamente las razones que en su sentir le asistieron a la aludida Corporación, para considerar que no se había demostrado el segundo elemento estructural de la acción revocatoria y, con tal fundamento, aseguró que los “juzgadores de instancia dejaron de valorar los documentos que sustentan que los pagos fueron realizados cuando las obligaciones a[ú]n no eran exigibles”.


En aras de demostrar lo que antecede, explicó que con la primera dación en pago de fecha 4 de mayo de 1998, “por valor de $653.047.238”, se cancelaron “en su totalidad los créditos No[s]. 410121119 y 4101217502”, quedando un saldo pendiente a favor de Coopdesarrollo equivalente a $398.933.546; que con la segunda, perfeccionada el 29 de mayo de 1998, se entregaron 78 casas en “Portales de Comfandi”, por un monto de $1.588.429.000, cubriéndose así las obligaciones Nos. 4101217820, 4101223774 y 4101223790, y permaneciendo un remanente en beneficio del aludido ente cooperado, cercano a los $125.769.723; y a través de la tercera, celebrada el 1º de junio de 1998, se enajenó en provecho de la nombrada cooperativa una cartera de acreencias, estimada en $142.934.916, con la cual se solucionó la prestación dineraria No. 4101217820.


3.        Al final, el recurrente aseveró que “los dictámenes periciales rendidos al interior del proceso eran suficientes para decantar cu[á]les eran las obligaciones a las que se habían realizado abonos antes de ser exigibles”; y para sustentarlo, señaló que el Tribunal tergiversó la experticia en la que se determinó que “los activos de COOPERADORES eran insuficientes para atender el pago de los créditos reconocidos” y, que “para las fechas en que se concretaron los acuerdos de dación en pago con BANCOOP y COOPDESARROLLO, los créditos objeto de los mismos y a cargo de COOPERADORES no tenían la calidad de exigibles”.


CARGO TERCERO


Con apoyo en la causal segunda de casación, se acusó el fallo del ad quem por no estar “en consonancia con las excepciones propuestas”.


1.        De inmediato, el censor memoró que uno de los medios de defensa formulados por el accionado fue el titulado “INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA REVOCATORIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS”, en el que simplemente se afirmó que “los pagos recibidos eran justas compensaciones por el servicio prestado”, mas no que “las obligaciones eran exigibles”, de donde se desprende que en ningún momento la sociedad enjuiciada “plante[ó] la exigibilidad de la obligación como elemento exonerante de su responsabilidad”, por lo que “mal hicieron los juzgadores de instancia en (…) desarrollar oficiosam[ent]e” ese mecanismo exceptivo, evidenciándose así “la incongruencia entre lo pedido (…) y lo resuelto”.


2.        En desarrollo de lo que antecede, el casacionista sostuvo que el Tribunal dudó “acerca del [d]ictamen [p]ericial rendido por el señor RICARDO MURIEL RUBIO”, porque no entendió de dónde emanó la conclusión “de que sí se afectaron obligaciones no exigibles”, incertidumbre que persistió, a pesar de haberse practicado otra experticia en el trámite de la objeción por error grave propuesta contra aquel, de manera que le correspondía a esa autoridad ordenar un nuevo peritaje para sobreponerse a tal perplejidad.


Por lo precedentemente expuesto, “queda claramente establecida la incongruencia” deprecada, por cuanto se “desdibuj[ó]” el contenido de los negocios jurídicos de dación en pago; que los mismos se ajustaron tras la toma de posesión de la demandante; que “quien suscribió las escrituras ya no era [r]epresentante [l]egal de la [c]ooperativa”; y que el registro de tales actos se llevó a cabo con posterioridad a la intervención del ente cooperativo, todo lo cual conllevó al quebrantó de lo previsto tanto en el literal h) del numeral 1º del artículo 116, como del literal g) del numeral 1º del artículo 292 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.


Así, entonces, de no haberse presentado la comentada inconsonancia, se habrían encontrado probados todos los elementos estructurales de la acción revocatoria, esto es, “que los activos de la entidad intervenida [fueron] insuficientes para pagar la totalidad de los créditos reconocidos”; “que las daciones en pago correspond[ía]n a deudas no exigibles a cargo” de la actora; y que esos contratos se perfeccionaron “dentro del periodo de sospecha”.


3.        Para finalizar, el impugnante expuso extensamente los razonamientos de orden probatorio por los que, en su opinión, se acreditaron los dos primeros presupuestos axiológicos de la acción incoada.


CONSIDERACIONES


1.        Sea lo primero precisar que, siguiendo los derroteros  expresamente  consagrados  en  los  artículos 624 -modificatorio del artículo 40 de la Ley 153 de 1887- y 625 del Código General del Proceso, vigente a partir del 1º de enero del año en curso, según previsión contenida en el Acuerdo PSAA15 - 10392 del 1º de octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, esta Corporación asumirá el estudio de la identificada demanda de casación con sujeción a las normas que estaban vigentes al momento de la interposición del referido recurso extraordinario, en concreto, las del Código de Procedimiento Civil, consideradas las que lo reformaron y/o adicionaron con anterioridad a la mencionada fecha.


2.        En este orden de ideas, se establece que los tres cargos de que se trata, evidencian las deficiencias formales y técnicas que a continuación se especifican y que los hacen inadmisibles.

3.        Respecto de los dos primeros, cabe comentar:


3.1.        Como lo ha puntualizado la Corte en innumerables ocasiones, si la acusación se dirige a denunciar el quebranto directo o indirecto de la ley sustancial, se torna indispensable que el casacionista determine las normas de ese linaje que fueron vulneradas, las cuales necesariamente tienen que estar ligadas con el proceso y, más precisamente, con la decisión cuestionada.


Así lo reclama expresamente la parte final del inciso 1º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, requisito que fue modulado por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, que en lo pertinente reza:


Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casación, cuando mediante ellas se invoque la infracción de normas de derecho sustancial se observarán las siguientes reglas: 1º. Será suficiente señalar una cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa (se subraya).


Al respecto, cabe memorar que esta Corporación, de manera constante, ha entendido por preceptos sustanciales aquellos que “en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación” (CSJ, SC del 19 de diciembre de 1999; se subraya), sin que, por ende, ostenten tal carácter las disposiciones materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a detallar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los interpretativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria.


3.2.        Revisadas las censuras examinadas, es del caso colegir que ninguna de ellas satisface la comentada exigencia, pues las normas invocadas en el primero no son de carácter sustancial y en el segundo, no se indicó precepto alguno.


En efecto, en la acusación inicial se mencionaron los artículos 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 846 del Estatuto Tributario, 4º del Decreto 2649 de 1993 y de forma abstracta, este último plexo normativo y el Decreto 2650 del mismo año.


Esos mandatos y cuerpos legales, versan en su orden sobre las características, finalidad, principios y reglas que regulan el proceso de liquidación forzosa administrativa; el informe que debe emitir el funcionario que adelanta la intervención con destino “a la oficina de cobranzas de la Administración del lugar que le corresponda, con el fin de que ésta se haga parte en el proceso y haga valer las deudas fiscales de plazo vencido, y las que surjan hasta el momento de la liquidación o terminación del respectivo proceso”; la comprensibilidad, utilidad y comparabilidad que debe tener la información contable; la regulación de la contabilidad y de los principios o normas generalmente aceptados que gobiernan dicha actividad y el plan único de cuentas para comerciantes.


Como se observa, el primer precepto establece la naturaleza y las normas aplicables al proceso de liquidación forzosa administrativa, de donde se desprende su carácter estrictamente conceptual o definitorio de un juicio especial; el segundo reglamenta una etapa determinada dentro de dicha actuación, lo que evidencia su talante eminentemente procedimental; y la tercera fija las cualidades que debe ostentar la información contable, lo que denota su particular naturaleza técnica.


De suyo, pues, que tales normas no sirven para estructurar los cargos fincados en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, en la medida que ninguna de ellas declara, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas entre los enfrentados en una circunstancia fáctica concreta.


Tampoco, pueden ser aceptados para sustentar un recurso de casación, la alusión que en términos generales se hizo de los Decretos 2649 y 2650 de 1993, dado que, como lo ha precisado esta Sala en innumerables ocasiones, no son admisibles “(…) las indicaciones genéricas o de cuerpos normativos en la sustentación de los cargos con soporte en la causal 1ª, en tanto ‘es ineludible para el recurrente, tratándose de la causal primera de casación, individualizar las normas de derecho sustancial que estime violadas (artículo 374, ibídem), pues de otra manera resultaría imposible el análisis del cargo propuesto, de donde no puede ser de recibo acusaciones genéricas referidas a determinados cuerpos normativos (código, ley, etc.), o a ciertos institutos, como la cosa juzgada o la reivindicación, porque, repítase, dada la naturaleza de extraordinario del recurso y su carácter dispositivo, la Corte no puede suplir ni ignorar ninguna falencia’” (CSJ, auto del 22 de agosto de 2011, Rad. nº. 2007-00055-01).


Si a lo anterior se suma que, como ya se registró, en el cargo segundo no se mencionó ninguna disposición como vulnerada, propio es colegir que la falencia atrás advertida, torna por sí sola inadmisibles las dos acusaciones en comento.


4.        Pero hay más, el reparo inicial es del todo desenfocado, “en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar” (CSJ, auto del 18 de diciembre de 2009, Rad. nº. 2001-00389-01; se subraya).


A buen recaudo, el Tribunal confirmó la sentencia de primer grado, porque no se demostró el segundo elemento estructural de la acción revocatoria, “esto es, que con los contratos de DACIÓN EN PAGO, se hayan satisfecho obligaciones que aún no eran exigibles”.


Sin embargo, el censor lejos estuvo de combatir dicho razonamiento, pues en la acusación se limitó a cuestionar los argumentos del fallo del a quo que sirvieron de base para dar por probado el primer presupuesto axiológico de la acción incoada, es decir, que la deudora intervenida tenía “ACTIVOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO DE LAS ACREENCIAS RECONOCIDAS”.


Como se ve, los planteamientos del impugnante buscaron derruir un aspecto comprobado en el litigio y no aquel que el ad quem halló sin demostración; y además, el fallo controvertido en el cargo no podía, ni pudo ser, ni mucho menos fue, la decisión recurrida en casación.


5.        Ahora bien, en el segundo reproche se advierte un defecto adicional, consistente en la falta de comprobación de los errores de hecho que se pretendieron denunciar, toda vez que no se singularizaron los pasajes de las pruebas sobre los que supuestamente recayeron los desatinos del sentenciador, ni mucho menos, se realizó el contraste entre el contenido objetivo de tales elementos de juicio y lo que de ellos dedujo o debió inferir el fallador.


El recurrente tan sólo refirió, de un lado, que el Tribunal pretermitió los informes Nos. 1838 FGN-CTI-SI-CJ y 1838A GN-CTI-SI-CJ incorporados por el perito Ricardo Muriel Rubio, debido a que éste “no supo traduci[los]”; y, de otro, que la mencionada autoridad dejó de valorar las notas de ajuste Nos. 031 y 035, al igual que tres escrituras públicas contentivas de sendas daciones en pago, lo cual evitó que se determinaran las obligaciones no exigibles a las que se le imputaron dichos abonos.


Lo precedentemente expuesto, pone al descubierto que el casacionista se circunscribió a esbozar las razones por las que en su sentir no se apreciaron los aludidos documentos, así como unas conclusiones fácticas distintas a las del ad quem, actividad que nada aporta para identificar dónde y cómo se produjeron los dislates achacados a ese juzgador, sino que tan sólo revela una simple discrepancia interpretativa con lo colegido por el mismo.


Sobre el particular, ha sostenido invariablemente la Sala que “constituye requisito formal de la demanda de casación, que en ella el recurrente demuestre los errores de hecho (…) en que habría incurrido el sentenciador al valorar las pruebas recaudadas y que, por repercusión, afectaron la recta aplicación de la ley sustancial (Vid inciso 2º, numeral 3º del artículo 374 C. P. C.), carga ésta que no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arribó el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin más, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a ‘poner de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente’ (Sent. de 15 de septiembre de 1993; reiterada en sentencia de junio 28 de 2000, exp.: 5430). (…). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casación el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciación de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto (CSJ, auto del 18 de diciembre de 2009, Rad. nº 1999-00045-01; se subraya).


6.        Ya en lo que hace al cargo tercero, en el que se le enrostró al sentenciador de segundo grado la incongruencia de su fallo, se observa que en su desarrollo se discutió, esencialmente, la cuestión fáctica del litigio, en particular, la apreciación probatoria del dictamen pericial presentado por Ricardo Muriel Rubio y los contratos de dación en pago objeto de controversia, elementos de juicio que, según el impugnante, eran suficientes para tener por acreditados los elementos estructurales de la acción revocatoria.


Al respecto, valioso es recordar que en tratándose de la causal segunda de casación, no es dable al censor confundirla con la violación indirecta que refiere el primero de los motivos contemplados en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, puesto que “[l]a incongruencia (…) corresponde a un vicio de actividad o error in procedendo, que se presenta cuando el sentenciador, por un lado, quebranta los linderos de la controversia trazados por las partes en la demanda y en su contestación, en particular, cuando lo resuelto no guarda completa armonía con las pretensiones o con las excepciones que han sido alegadas o que pueden ser reconocidas de oficio y, por el otro, cuando se despreocupa de los supuestos que integran la causa petendi o, dicho de otra forma, se aparta de los extremos fácticos que delimitan el litigio. (…). Por tanto, para establecer la presencia de esta irregularidad se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento fáctico de las súplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisión del juzgador, por la otra, en orden a determinar si evidentemente se ha materializado alguna distorsión, defecto o exceso que habilite al interesado para aducir esta causal en el recurso extraordinario. (…). Igualmente, las características de este vicio aparejan que no sea permitido evaluar el acierto de la decisión o de los argumentos sobre los que ella está soportada, pues, como lo tiene dicho esta Corporación, ‘... la inconsonancia implica siempre un error en la mecánica del proceso’ porque ‘... se trata de una causal que goza de autonomía y a la que la ley ha investido de autoridad propia, ha de interpretarse en forma tal que no traspase su específica finalidad ni altere su naturaleza. Sólo lo que está dentro del concepto puramente formal de desarmonía entre lo demandado y lo fallado es lo que puede estructurarla; consiguientemente, como en forma constante lo ha expuesto la Corte, esta causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al Juzgador como motivos determinantes de su fallo’, porque si la censura parte de haber cometido el sentenciador yerros de apreciación en cuanto a lo pedido y lo decidido, ‘y a consecuencia de ello resuelve de manera diferente a como se le solicitó, no comete incongruencia sino un vicio in - judicando, que debe ser atacado por la causal primera de casación’ (sentencia de 7 de marzo de 1997, exp. 4636)” (CSJ, SC del 16 de diciembre de 2005, Rad. No. 1993-0232-01; se subraya).

7.        Por último, es del caso acotar que no se encuentra pertinente desconocer las deficiencias técnicas advertidas, para darle impulso al escrito estudiado, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues analizado el proceso y los cargos propuestos, no se observa que se esté en frente de un asunto que exija la unificación de la jurisprudencia, o que evidencie la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia, o la notoria transgresión del principio de legalidad.


8.        Colofón de todo lo que antecede, es que habrá de inadmitirse el escrito auscultado y, como consecuencia de ello, declararse desierta la refutación sobre la que se trabaja.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,  en  Sala  de  Casación  Civil,  INADMITE  la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casación que la accionante, COOOPERATIVA FINANCIERA DE TRABAJADORES DEL OCCIDENTE COLOMBIANO – COOPERADORES EN LIQUIDACIÓN, interpuso frente a la sentencia del 19 de junio de 2015,  proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario adelantado por ella en contra del BANCO DE CRÉDITO Y DESARROLLO SOCIAL – MEGABANCO S.A.


Por consiguiente, se DECLARA DESIERTA dicha impugnación extraordinaria.


Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.







ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO





LUIS ALONSO RICO PUERTA






ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA